Plataforma Luso-Espanhola para a liberdade de educação
REDACCIÓN HO.- Recientemente se ha constituido en Lisboa la Plataforma Luso-Española para la Libertad de Educación, que, en palabras de uno de sus impulsores, Javier Calderón, “surge para unir esfuerzos entre España y Portugal en materia de educación, debido a los recientes atentados contra los derechos fundamentales de los padres”.
Este abogado sevillano afincado en Portugal es también dirigente de la Plataforma Portuguesa para la Libertad de Educación, que desde hace más de año y medio agrupa y asesora a padres cuyos hijos estudian en el Instituto Español Giner de los Ríos de la capital lusa. Por lo que respecta a la nueva entidad, “procura dar cobertura jurídica a portugueses y españoles en todo Portugal”.
Calderón explica así lo que se propone la nueva entidad:
“En primer lugar, la Plataforma Luso-Española pretende dinamizar a los padres, para que no se dejen manipular ni chantajear por Gobiernos que se entrometen de forma totalitaria en el derecho de educar a sus hijos según sus propias convicciones; les brindamos asesoramiento y herramientas jurídicas para que puedan hacer valer sus derechos ante la Administración y, llegado el caso, en los tribunales”.
A su juicio, las familias portuguesas y españolas residentes en el país vecino tienen un buen espejo en que mirarse:
“El movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía en España ha dado una lección muy educativa de cómo deben defenderse los derechos y las conciencias de modo pacífico y democrático, frente a leyes injustas promulgadas por un Gobierno que pretende modelar las conciencias de los menores, inculcándoles su cosmovisión”.
Calderón resalta que los políticos ven con muy malos ojos que lo ciudadanos reivindiquen sus derechos:
“El miedo que los gobiernos tienen al ejercicio de la objeción de conciencia –no solo en el ámbito educativo, sino en cualquier otro; buena muestra de ello son los intentos de coartar su ejercicio por parte del personal sanitario o de los farmacéuticos– es un síntoma claro de que algunos gobernantes quieren hacer de la norma jurídica promulgada en el Parlamento una especie de dios de las conciencias, al que deben someterse todos los ciudadanos. Se olvida que la historia ya ha demostrado que en todas las épocas hay hombres y mujeres con suficiente coraje para oponerse frente a leyes que violentan sus conciencias”.
Advierte que las familias a las que asesoran están dispuestas a todo:
“Si no nos dejan otra salida, nos acogeremos a la objeción de conciencia en todas las cuestiones en que el Estado intente adoctrinar a nuestros hijos en una ideología concreta o en una moral determinada y no acorde con nuestras convicciones. Mucho me temo que será para nosotros el camino a seguir frente a asignaturas como EpC o frente a la educación sexual obligatoria. Sabemos que en el caso español el asunto ya ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no obstante no podemos olvidar que ningún tribunal puede obligar en conciencia a que un padre tenga que renunciar a sus convicciones morales o religiosas. El hecho de que algunos políticos pretendan tal cosa, es un síntoma de que se trata de pervertir el sistema democrático puesto que, bajo una apariencia democrática, se actúan de forma dictatorial”.
La nueva plataforma considera que hoy es más necesario que nunca dar testimonio a sus hijos, que necesitan saber que sus padres no delegan sus responsabilidades educativas en un funcionario público. Para Javier Calderón, los padres deben demostrar hasta qué punto están dispuestos a complicarse la vida por sus hijos:
“Ante materias como educación sexual obligatoria no se puede permanecer impasible. La educación sexual debe darse paulatinamente, de forma individualizada y en un ambiente de cariño; la educación sexual obligatoria es un insulto a los padres al considerarlos poco aptos en su tarea educativa y atenta gravemente contra los derechos de los niños y jóvenes, a quienes se está instrumentalizando como cobayas al inocularles la ideología de género y el panxesualismo nihilista”.
Por último, insiste en que los padres no pueden quedarse cruzados de brazos ante esta intromisión grave del Estado:
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