Manifesto de 50 mulheres influentes em Espanha contra aborto
Las abajo firmantes, mujeres comprometidas con la sociedad española y la Constitución, queremos hacer llegar a la opinión pública y a los responsables políticos nuestra indignación por los hechos que suceden en las clínicas acreditadas en España para la práctica del aborto, cuya difusión nos ha conmocionado, y proponer una serie de medidas que permitan superar esa forma de violencia contra la mujer que es el aborto incontrolado que existe de hecho en nuestro país. Y a tal efecto
MANIFESTAMOS:
1.- El artículo 15 de la Constitución Española, primero de los que regulan los derechos fundamentales, dice expresamente: “Todos tienen derecho a la vida”. La sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Abril de 1985 dejó bien claro que el aborto sigue siendo un ilícito penal, no punible en tres supuestos muy concretos, y que el Estado tiene el deber de garantizar que ni un solo aborto sea realizado fuera de esos límites. Así se recuerda en el primer párrafo del Real Decreto 2409/1986, de 21 de Noviembre, que regula la práctica del aborto.
No cabe por tanto hablar, en nuestro Ordenamiento Jurídico, de un derecho al aborto y menos aún de un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, pues en el aborto se está disponiendo del cuerpo de un ser humano distinto de su madre y que, desde su concepción, ha recibido de sus progenitores toda la dotación genética necesaria para definir su personalidad individual y su pleno desarrollo.
2.- La práctica del aborto en España se lleva a cabo, en la inmensa mayoría de los casos, en fraude de ley, vulnerando los límites previstos por el legislador. Se apela en un 97 % de los casos al “grave peligro para la salud psíquica de la madre”, cuya acreditación no deja de ser un mero trámite formal y muchas veces absolutamente irregular (certificados estandarizados o firmados en blanco y también sin que el especialista entreviste a la mujer).
A) Apoyo a las mujeres embarazadas para llevar adelante su gestación, a través de ayudas económicas, cuando fuesen necesarias, y de una red de apoyo en cada Comunidad Autónoma, en la que participen entidades de la Sociedad Civil para prestar una asistencia integral que dé respuesta a las necesidades sanitarias, sociales, residenciales, de atención a la primera infancia y de formación para el empleo, entre otras.
Establecimiento con carácter obligatorio y para todo tipo de centros sanitarios de Comisiones de Evaluación, como las creadas en 1985 y suprimidas en 1986, formadas por profesionales sanitarios y sociales y que garanticen que cada caso se ajuste a lo establecido en la Ley y en la Sentencia del Tribunal Constitucional. En las clínicas privadas estas comisiones deberán ser externas para evitar ser juez y parte.
Obligación de informar a la embarazada, mediante un documento de consentimiento informado, de todos los riesgos sanitarios, psicológicos y sociales de la práctica del aborto, así como de las alternativas de apoyo social para llevar adelante la gestación.
El dictamen que acredite el grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada deberá justificar y acreditar dicha gravedad y, en el caso de clínicas privadas, no podrá ser emitido por facultativos que tengan con el centro una relación laboral, mercantil o de prestación para aquel de servicios profesionales
Inspecciones exhaustivas y periódicas de las clínicas donde se realizan abortos, para evitar el fraude de ley y la práctica de abortos en gestaciones muy avanzadas, con unos meses de embarazo con los que los nacidos prematuramente son viables.
En Polonia existe desde 1997 una legislación sobre el aborto muy similar a la española, pero en la que no se castiga la conducta de la mujer. Sin embargo, la normativa de desarrollo de dicha ley no favorece el fraude de ley, como ocurre aquí, y además, la ley polaca garantiza a las embarazadas sin recursos apoyo económico durante la gestación y después del parto. De esta forma se ha pasado en Polonia de 180.000 abortos anuales antes de 1990 a 159 en 2002, frente a los más de 100.000 de la España actual.Las abajo firmantes somos conscientes que es posible, y además probable, que el análisis del problema que se ha presentado en este manifiesto sea considerado por algunos como propio de un enfoque integrista y conservador. Frente a esta posible interpretación queremos terminar este manifiesto afirmando que:
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